Cumplimiento y Decreto Legislativo 231/01

La compliance normativa está representada por el conjunto de medidas y procedimientos, tanto organizativos como administrativos destinados a garantizar que se minimice el reisgo de violación del contexto legal de referencia: entre las medidas que se pueden adoptar para que una empresa se defina como compliant, se incluyen la adopción del Mocg, modelo de organización y gestión e el establecimiento contextual del Odv (órgano de vigilancia,  órgano de supervisión cuya tarea es precisamente supervisionar la aplicación correcta y efectiva del modelo.

Cabe señalar que, en vista de la naturaleza voluntaria de la adopción y adhesión de las empresas clientes al Modelo Organizacional 231, la próxima entrada en vigor del “código de la crisis e la empresa”, proporciona una especia de obligación indirecta, ya que requiere que los órganos de gobierno y control de la empresa “evaluén constantemente si la estructura organizativa de la empresa es adecuada”: los primeros comentario muetran una oportunidad adicional de adoptar el modelo mencionado.

El decreto legislativo 8 de Junio de 2001, n. 231, introdujo la responsabilidad administrativa de las entidades legales (y entre ellas las empresas) por los delitos cometidos por la alta gerencia, representantes legales, administradores, gerentes, así como por las personas sujetas a su dirección y supervisión. Esto se combina con la responsabilidad penal de la persona física que ha cometido físicamente el delito, en relación con un amplio catálogo de delitos que el legislador integra constantemente: específicamente en el registro de noticias delictivas instituido en la Fiscalía componente (inicialmente restrigido al registro de perosonas físicas), hay una lista especial que prevé el registro de empresas también independientemente del registro y la investigación contra personas físicas.

Las saciones previstas por la empresa, incluso prevén la incautación y luego la confiscación de las acciones, incluso de forma autónoma del infractor material. Las sanciones además de las multas, pueden ser carácter descalificador y llegar hasta el comisionado de la empresa o la prohibición de las relaciones con la administración pública.

Frente a este marco, el legislador permite que la empresa que decide adoptarlo permanezca exenta de responsabilidad si antes de la comisión del delito:

• Ha adoptado e implementado efectivamente un Modelo de Organización y Gestión adecuado para prevenir el crimen que ha ocurrido;
• La supervisión del funcionamento y la observancia de los modelos se ha encomendado a un organismo dotado de poderes autónomos de iniciativa y control, es decir, el Organismo de Supervisión;
• Las personas que cometieron el delito lo hicieron al eludir fraudulentamente el Modelo de Organización y Gestión;
• No hubo omisión, supervisión adecuada o insuficiente por parte del Organismo de Supervisió, el organismo a cargo del control.

El catálogo de delitos de los que se deriva la responsabilidad penal administrativa de las entidades ha sido y se está ampliando constantemente, incluyendo, entre otros y a modo de ejemplo:

• crímenes contra la Administración pública (corrupción, malversación contra el Estado, fraude, fraude informático);
• crímenes empresarial (comunicaciones empresariales falsas, prospecto falso, influencia ilegal en la junta de accionistas);
• crímenes relacionados con el terrorismo u la subversión del orden democrático;
• crímenes contra la personalidad individual;
• abusos de mercado;
• crímenes transnacionales (asociación para delinquir, de tipo simple y mafioso, asociación destinada al contrabando de tabacos fabricados en el extranjero o al tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, blanqueo de dinero, uso de dinero, bienes u otras utilidades de origen ilícito );
• homicidio y lesiones culpables graves o muy graves, cometidas en violación de las normas de prevención de accidentes y en la protección de la higiene y la salud en el trabajo;
• crímenes de bienes robados, lavado de dinero y el uso de dinero, bienes o beneficios de origen ilegal;
• crímenes informáticos y procesamiento ilegal de datos (denominado “cibercrimen”);
• crímenes contra la industria y el comercio;
• crímenes relacionados con violaciones de derechos de autor;
• crímenes ambientales;
• corrupción entre individuos;
• autoblanqueo de dinero;
• algunos crímenes fiscales.

EFGM aborda la fase compleja y delicada de la creación y construcción del Modelo de Organización y Gestión que a través de sus profesionales identifica y pone a disposición los componentes del Órgano de Supervisión, de acuerdo con los perfiles de competencia necesarios.

La construcción del Mogc parte de un análisis preciso que se fundamenta en:

• identificación de riesgos (identificación en qué áreas o sectores de actividad pueden ocurrir eventos criminales), denominado Evaluación de riesgos;
• identificación de las connotaciones fácticas que los hechos criminales asumen en Áreas de riesgo, seguidas de la definición e implementación del sistema de control de los riesgos identificados (los denominados “protocolos para programar la capacitación e implementación de las decisiones del organismo” de conformidad con el artículo 6 del Decreto Legislativo 231/01), con el lanzamiento del Modelo Organizacional, dividido en una parte general, una parte especial y el Código ético empresarial.

La realización del sistema de control presupone la evaluación del sistema de control que ya puede existir dentro de la empresa y consecuentemente su adaptación, en caso de que no resulte adecuado, tanto en abstracto como en su implementación concreta para mitigar y reducir los riesgos identificados a un nivel aceptable ya que es impensable construir un sistema capaz de eliminar por completo la posibilidad de que una persona física viole la ley.

EFGM apoya a la empresa, posiblemente investigada durante el curso del proceso penal, presumiendo de la experiencia específica del sector de sus abogados penales y consultores técnicos, tanto en el caso de que el cliente aún no esté equipado con el Modelo organizativo, como en el caso de que el el mismo modelo se considera ineficaz.

No debe pasar por alto la adopción del Modelo permite una serie de ventajas indudables que incluyen por ejemplo la obtención de desgravaciones de Inal al reducir la tasa del porcentaje medio de prevención que normalmente durante los primeros dos años es 8% y que puede alcanzar en algunos casos hasta el 28%.

Este ahorro está reservado para las empresas que realizan intervenciones para mejorar las condiciones de prevención y protección de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, incluida la adopción del Modelo Organizacional, además de los requeridos por la legislación pertinente.

El Mogc se encuentra entre las principales condiciones para obtener la Calificación de legalidad, mencionada en la siguiente sección.

La adopción del Modelo Organizacional (Mogc) también ayuda a otorgar a la empresa una licencia para una mayor legalidad, siendo uno de los requisitos fundamentales para obtener la denominada Autoridad de Competencia y Mercado de Agcm calificación de legalidad (establecida con la Ley 62/12, e implementada definitivamente mediante la Resolución Agcm n. ° 27165 de 15 de mayo de 2018 con el fin de promover la introducción de principios éticos en la conducta corporativa, cerrando el círculo de cumplimiento normativo. La lista de empresas que la obtuvieron se actualiza y publica constantemente en el sitio web de la Autoridad.

La calificación de legalidad es un indicador sintético del cumplimiento de los altos estándares de legalidad por parte de las empresas que lo han solicitado.

Las empresas que cumplan de forma acumulativa los siguientes requisitos pueden solicitar la calificación (tanto individualmente como en forma de empresa):

• centro de actividad en Italia;
• volumen de negocios mínimo de dos millones de euros, en el año finalizado el año anterior al de la solicitud;
• inscripción en el registro de empresas durante al menos dos años en la fecha de la solicitud;
• cumplimiento de los demás requisitos sustantivos exigidos por el Reglamento.

Este reconocimiento tiene la apariencia de una puntuación entre un mínimo de una y un máximo de tres “estrellas”.

La empresa solicitante obtiene la puntuación base ★, si cumple con todos los requisitos mencionados en el artículo 2 del Reglamento de aplicación sobre la calificación de la legalidad.

El puntaje base puede incrementarse en un “+” por cada requisito adicional que la empresa respete entre los previstos en el art. 3 del Reglamento.

El logro de tres “+” implica la atribución de una estrella adicional, hasta un puntaje máximo de ★★★.

Las empresas interesadas deben enviar la solicitud utilizando la plataforma de calificación web adecuada.

Para este fin, la empresa en primer lugar debe registrarse en la plataforma y, una vez que se haya completado el registro, acceder al sistema, completar la solicitud y luego enviarla, siguiendo las instrucciones relevantes en este sitio.

La calificación de legalidad tiene una duración de dos años a partir de la emisión y es renovable a pedido.

No hay costos para las empresas que desean obtener la calificación de legalidad.

Las empresas que han obtenido la calificación, disfrutan de una posición privilegiada, por ejemplo con respecto al mundo bancario y financiero, con especial atención a las operaciones requeridas por una empresa a la que se le ha asignado la calificación, teniendo que hacerlo, si decide rechazar la operación, informe al Banco de Italia, explicando las razones de esta negativa: “Las instituciones de crédito que no tienen en cuenta la calificación atribuida al otorgar préstamos a las empresas deben enviar al Banco de Italia un informe detallado sobre las razones de la decisión tomada. (art. 5 ter, Ley 62/12) “.

Por lo tanto, lo mismo permite facilitar el acceso al crédito y un canal privilegiado en la mayoría de los espacios públicos, que reservan una parte del financiamiento para las empresas con calificaciones.