La competencia en el campo de la responsabilidad civil, con una mayor especialización en responsabilidad profesional y en MedMal, está garantizada por más de 30 años de experiencia en el sector, tanto asistiendo a compañías de seguros como a profesionales, contra quienes se proponen acciones de compensación basadas en el contrato de trabajo tanto establecimientos de salud públicos como privados.
Durante los años, en paralelo con la evolución del sistema, la actividad ya no se limitó a la defensa judicial, sino que se extendió a la colaboración con la gestión de riesgos corporativos. En el sector sanitario, un enfoque multidisciplinario es indispensable en la preparación de procedimientos internos destinados a prevenir el riesgo clínico y gestionar las reclamaciones en la “retención de auto seguro”, es decir, en ausencia de cobertura de seguro.
En la actualidad, de hecho, la mayoría de las instalaciones de salud públicas y privadas no están cubiertas por un seguro de responsabilidad profesional o, como mínimo, han contratado pólizas que aún les dejan pagar una cantidad importante de la compensación.
Además, como resultado de la ley 24.17, la posibilidad de actuar en recurso contra los médicos que crearon el tratamiento impugnado se ha vuelto extremadamente limitada y sujeta a reglas muy estrictas.
Finalmente, cuando se emita el decreto que implementa la ley 24/17 sobre asuntos de seguros, será obligatorio que todas las estructuras no aseguradas o parcialmente aseguradas tengan un comité de evaluación de riesgos.
Por lo tanto, es esencial que se organice un sistema de gestión de reclamos interno eficiente que funcione por un lado como un asegurador instruya las posiciones individuales defina la estrategia defensiva establezca la reserva que se colocará en el presupuesto y evalúe cualquier oportunidad transaccional.
Por otro lado, debe operar en estrecha conxión con las otras funciones corporativas (en particular, gestión de la salud y gestión de riesgos), operando con el doble objetivo de reducir las reclamaciones y garantizar recursos defensivos adecuados en caso de litigio.
En resumen, las actividades gestionadas por el estudio se pueden identificat de la siguiente manera:
Finalmente, también en este asunto es posible que los clientes accedan a una base de datos actualizada electrónicamente, verificando el estado de las posiciones confiadas directamente y en tiempo real.